La mayor matanza en la historia moderna estadunidense ha colocado al presidente Donald Trump ante un nuevo desafío: el control de las armas de fuego.
En menos de una semana de ocurrido el tiroteo que dejó 58 muertos y cientos de heridos en Las Vegas, la Casa Blanca demuestra que ha cedido terreno a la presión en favor de ese control.
Sarah Sanders, la portavoz de Trump, declaró categórica el lunes a unas horas del tiroteo que “éste no es momento de debatir el control de armas, sino que es momento de reflexión y de luto”, pero para el miércoles la situación cambiaba en el Senado.
La legisladora Diane Feinstein de California retomó ahora, con apoyo de algunos colegas, la iniciativa Ley de Prevención de Armas de Fuego Automáticas, que de aprobarse restringirá la venta de ese tipo de armas a compradores completamente identificables.
La respuesta por parte de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), representante de esa industria, no se hizo esperar: mantenía silencio desde el tiroteo en Las Vegas, pero lo rompió con un sorpresivo anuncio en que cedía “discutir la prohibición de convertir armas convencionales en automáticas”.
Pero la NRA marcó la pauta a sus aliados: regular no, pero sí legislar la venta de armas de fuego que pueden convertirse en automáticas.
La bancada republicana en el Congreso, que recibe en su totalidad contribuciones de la NRA, por su parte también cedió: suspendió hasta nuevo aviso el debate sobre legalización de silenciadores para todo tipo de armas.
Esa medida, que los republicanos iban a aprobar esta semana con apoyo de Donald Trump, quedó congelada ante la pregunta insistente en redes sociales y medios acerca de qué habría pasado si Steve Paddock, quien disparó a una multitud de 22 mil personas en Las Vegas hubiera usado silenciadores en sus armas de fuego automáticas.
Los cálculos más conservadores mencionan que con silenciadores, el tiroteo se habría prolongado sin detectar de dónde disparaba Paddock, y habría por lo menos el doble de muertos y heridos en ese incidente.
Mientras tanto en la Casa Blanca, la portavoz Sanders insiste en que “por ahora nuestro enfoque está en sanar las heridas –por la matanza–, la investigación está en curso, sabemos que miembros de los dos partidos y múltiples organizaciones quieren debatir la venta de armas al por mayor, y nosotros estamos de acuerdo”.
Dijo que la Casa Blanca quiere ser parte de esa discusión que integre a familiares de las víctimas y a legisladores. Agregó que será una conversación “que tendrá lugar en los próximos días, en las próximas semanas”.
En el enfrentamiento en que los demócratas empujan por legislar con la iniciativa de Feinstein y los republicanos por regular la venta, posesión y control de armas de fuego, el presidente Trump permanece sin pronunciarse más allá de encabezar una ceremonia en que calificó como “maldad pura” la masacre.
Para la discusión que anuncia Sanders, el mandatario llegará un tanto desprotegido.
Trump, quien se declaró en campaña electoral un gran amigo de la NRA y de la Segunda Enmienda constitucional, que garantiza el derecho a poseer, portar y usar armas de fuego, declaró reiteradamente en su campaña que éstas no son el riesgo social, sino la perturbación mental de algunas personas que las usan.
“Esto no es de armas, se trata de enfermedad mental”, dijo el entonces candidato a la cadena ABC desde octubre del 2015, cuando ya recibía contribuciones de la NRA.
Sin embargo desde febrero pasado la administración Trump revocó una medida impulsada por el expresidente Barack Obama que exigía revisar antecedentes delictivos y sicológicos a quienes desean adquirir armas.
Unas semanas después también eliminó restricciones a exconvictos que tras haber purgado sentencias solicitaban adquirir armas de fuego en Estados Unidos.
Todo con la consigna de prevenir modificaciones a la Segunda Enmienda constitucional que no ha tenido ningún cambio desde hace más de 200 años.
La segunda enmienda dice que por “la necesidad de una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.
Esa enmienda fue escrita en 1789 y se refiere a la necesidad de que los colonos se organizaran en una milicia, pues no había un ejército, y por derecho portaran armas para defender al Estado.
Aunque las circunstancias han cambiado y no hay colonos que deban protegerse ante una invasión militar de ingleses, pero varios legisladores conservadores, organizaciones y, sobre todo, la NRA mantienen un férreo apego a la letra de la Enmienda y promueven toda la posesión y uso de armas de fuego.
Desde hace años, en Estados Unidos hay más armas de fuego que personas. Ya desde el 2013 había 317 millones de residentes estadunidenses y 357 millones de armas de fuego en el país, con base en la Segunda Enmienda.
Pero la venta de armas se ha disparado después de cada atentado, como el del maratón en Boston en el 2013, en San Bernardino en el 2015 y aunque todavía son registro de ventas el de esta semana en Las Vegas.
Si el presidente Donald Trump intenta evadir el tema de legislar la venta y uso de armas de fuego, es muy probable que siga la senda que ya marcó su vocera Sanders al decir que es muy temprano en la investigación sobre lo que sucedió en Las Vegas el domingo como para hablar de reformar la Enmienda constitucional.
