La Asociación Ecologista de Verificentros se amparará ante la suspensión de servicio en los 74 centros a partir del primer minuto de este primero de enero, ante la negativa de las autoridades de renovar sus concesiones y entregarlas a “un grupo de proveedores del Jefe de Gobierno”, lo que dejará en el desempleo a más de 2 mil 500 personas.
Además de garantizar que sigan operando los centros de verificación de emisiones vehiculares, pues de entrar en vigor las nuevas normas ambientales, miles de autos, aún seminuevos, no podrán circular todos los días en la capital y, para los poseedores de unidades más antiguas, prácticamente será un delito viajar en ellos, alertó Gustavo Torres Anzures.
La administración de Miguel Ángel Mancera, denunció el presidente de la organización, que aglutina a poco más de 50 de los 74 centros, se ha apropiado del programa para otorgar estas concesiones a empresas y personas físicas que poco conocen el tema, que carecen del equipo, del personal y los predios donde se prestará el servicio.
La decisión por ello de renovarnos sólo por dos años las concesiones y “hacernos a un lado, a fin de colocar a un grupo de proveedores afines a sus intereses políticos y económicos, a los cuales les ha extendido el plazo por 20 años, situación anómala, pues en las dos décadas que ha operado este programa jamás se otorgó un plazo semejante”, argumentó.
Comentó que el plazo mayor otorgado fue de cinco años, lo que generará a los empresarios del ramo pérdidas millonarias, pues el equipo con el que cuentan, como son líneas de revisión, computadoras y paneles solares, “se convertirán en chatarra, mientras cientos de personas se sumarán al desempleo, situación que nos ha sumido en la desesperación”.
En las fachadas de los centros que participaban en el programa de verificación se colocaron mantas en las que los trabajadores denunciaron la cancelación de las concesiones y el cierre de estos centros a partir del primer minuto del 2018, dejándolos sin empleo y prestaciones, como medida de protesta, señaló.
“Para nosotros y nuestras familias será un inicio de año muy amargo y triste, gracias al abuso de poder y el autoritarismo del doctor Mancera”, afirmaron trabajadores, quienes confiaron en que el amparo que se interponga les regrese sus empleos y garantice el servicio que han venido dando y no se privilegie a un pequeño grupo.
